Concentración en defensa de nuestra religión.

La Asociación de Padres y Madres (AMPA) del colegio público Ortega y Gasset ha decidido por unanimidad dar la batalla judicial para mantener los crucifijos en sus aulas tras la polémica orden de la Junta de Extremadura que obligó a quitarlos por una denuncia presentada por un padre

De esta manera, si el Consejo Escolar no atiende a sus peticiones, entre las que se incluyen también mantener todos los actos religiosos que durante el año se celebran (misa de apertura de curso en una parroquia anexa al centro, organización de un belén en Navidad, Miércoles de Ceniza y entrega de flores en mayo a la Virgen), acudirán a los Tribunales de Justicia.

También han acordado, organizar una concentración el próximo viernes día 19 que se realizará frente a la Iglesia de la Inmaculada, en la Plaza de España.

El portavoz de la AMPA, el abogado Francisco Lamoneda, ha asegurado que la concentración consistirá "en un acto de protesta en el que los padres exigirán, sin ningún tipo de confrontación, que no se retiren más símbolos religiosos del centro y que vuelvan a su sitio los dos crucifijos".

Además, ha aportado que la reclamación "se fundamenta en el punto tercero del artículo 16 de la Constitución española, en la que se subraya que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, teniendo en cuenta además que no hay una Ley de Libertad Religiosa que lo regule claramente aunque la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto".

Para Lamoneda, "no se trata de seguir poniendo crucifijos en los colegios donde no los hay, pero que no se retiren los que ya existen porque la cruz además de un símbolo religioso también lo es de la propia cultura española, de sus raíces y las tradiciones más íntimas de los españoles.

Otro de los argumentos que plantearán para conseguir el regreso de los crucifijos al colegio "es que la mayoría de los padres de los alumnos así lo quieren y por tanto se debe respetar en una democracia lo que diga la mayoría".

El objetivo es quedar sin efecto la orden emitida por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura al centro, que el pasado 7 de septiembre atendió a la reclamación de un matrimonio que exigió la retirada de los crucifijos de las dos aulas donde estudian sus hijos, de cinco y 10 años, respectivamente. La Junta se ha reafirmado en su decisión de retirar los crucifijos, aunque ha señalado que "es evidente que debe haberlos" en las clases en las que, en ése y otros centros, se imparte la asignatura de Religión.

La administración tomó esta decisión antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) emitiera una sentencia al efecto, pues el matrimonio había recurrido a los Tribunales ante la "pasividad" de la consejería durante dos años.

Nuestro Arzobispo ante la retirada de crucifijos en un colegio de la diócesis, publico un artículo en el Diario Regional Hoy el pasado 13 de Noviembre, del cual extraemos varios párrafos.

Mons. D. Santiago García Aracil venía a decir:

“Ante situaciones verdaderamente desagradables como las que llevan a la supresión de los signos cristianos en lugares públicos, no podemos menos que sentir el dolor de quien constata el desprecio o la minusvaloración hacia lo que para nosotros es la razón de vivir: Jesucristo. La Cruz recuerda constantemente el gesto de amor infinito que llevó al Hijo de Dios hecho hombre a dar su vida por quienes le ofendieron, le persiguieron y le llevaron a la muerte”.

“debemos procurar tanto la justicia como el perdón, aunque las acciones ordenadas a ello no siempre sean comprendidas. Asumir la cruz interior que supone para nosotros la campaña contra el crucifijo ha de ser la muestra más clara de que, como Jesucristo, no queremos la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.

“No queremos impedir ni recortar, en absoluto, los derechos que cada uno considera legítimos y propios. Pero sí que es responsabilidad nuestra, como de cualquier ciudadano capaz de reflexión y coherencia, advertir que no se gana la batalla de las libertades haciendo desaparecer a quien cada uno considera enemigo o simplemente distinto”.

“¿en un estado democrático, qué se entiende por ‘mayorías’ para determinar la línea de acción pública y de gobierno? ¿Qué pasaría si fuera un matrimonio el que reclamara la presencia del crucifijo allá donde se ha quitado? Me imagino la respuesta, y no quiero en absoluto dar pie a una cadena de reclamaciones que llevaría a un maremágnum de comportamientos sociales muy lejanos a la paz y al buen entendimiento social”.

Concluía su artículo con la siguiente observación:

“La sociedad aconfesional no debe caer en el error de ser confesionalmente antirreligiosa”.